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En fallo unánime, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, condenó a Jorge Vasquez Daza, padre de Aaron Vasquez, a pagar la suma de $8.516.975, a la Isapre Consalud, por los gastos médicos del extinto Alejandro Inostroza Villarroel. Los hechos se remontan al año 2006, cuando Vasquez, quien hoy cumple 7 años de internación en régimen cerrado, dio muerte, siendo menor de edad, con un bate de béisbol, a Inostroza Villarroel.

El vicio que da origen a la casación, del 170 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, es la no consideración de un certificado de la Clínica Santa María con los gastos médicos, cuestión que señala el considerando sexto, en los siguientes términos:

Sexto: Que el vicio detectado influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que el mismo ha sido dictado sin considerar la prueba referida, consistente en el documento acompañado por la demandante y que dice relación precisamente con el gasto ocasionado por la hospitalización de Alejandro Inostroza Villarroel y la institución que debió asumirlo; elementos éstos que resultan relevantes para la determinación de la procedencia de la acción de indemnización de perjuicios. En efecto, la omisión del análisis probatorio en que se ha incurrido, llevó a concluir que la demandante no acreditó la suma total y definitiva del valor del tratamiento médico suministrado a su beneficiario y, del mismo modo, en caso de existir, que el gasto haya sido asumido por la Isapre reclamante, pues no considera el certificado de pago emitido por Clínica Santa María respecto de las facturas N° 492492 por la suma de $6.540.625 y N° 83983 por la cantidad de $1.976.350. 

La sentencia de remplazo indica en la parte pertinente:

Séptimo: Que en ese sentido, en lo que toca al demandado Jorge Vásquez Daza, la demandante ha invocado la responsabilidad consagrada en el artículo 2320 del Código Civil, específicamente la responsabilidad del padre por el hecho de su hijo, puesto que a la fecha del ilícito éste era menor de edad. Tal disposición, en el inciso primero establece: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. Y en el inciso segundo dispone: “Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”. Se trata de una responsabilidad personal del padre, por la falta de diligencia en el cuidado o vigilancia del hijo.

En consecuencia, para que tenga lugar la responsabilidad ya referida, deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos: a) que exista un vínculo de dependencia entre el autor del daño y la persona responsable; b) que ambas personas sean capaces de delito o cuasidelito; c) que el subordinado o dependiente haya cometido un hecho ilícito; y d) que la víctima pruebe la responsabilidad del subordinado o dependiente. En la situación del padre respecto de los hechos del hijo, se exige que éste sea menor de edad y que habite la misma casa que el padre.

En la especie, concurren los presupuestos antes señalados, como quedó establecido en los motivos séptimo y octavo del fallo de primer grado, sin que el demandado principal haya alegado ni probado que empleó la diligencia o cuidado debidos, de conformidad con lo que dispone el inciso final del citado artículo 2320 del Código Civil.

Octavo: Que de esta manera, habiéndose acreditado los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual y la subrogación reclamada en la demanda principal, la acción dirigida en contra de Jorge Vásquez Daza, deberá ser acogida por la cantidad reclamada de $8.516.975 a titulo de daño material, más reajustes del IPC e intereses corrientes para operaciones reajustables desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada. 

Puedes leer la sentencia completa, si haces click aquí.

Lesiones y violencia intrafamiliar

El delito de lesiones y sus diferentes tipos,  es uno de los temas más complejos del derecho penal. Hay que considerar además que la ley 20.066 de violencia intrafamiliar establece una particular agravación, en los casos que el sujeto activo y el pasivo, revisten alguna de las calidades que la norma señala, según indica el Art. 400 del Código Penal.

El tema ha sido desarrollado en nuestro país, por el Dr. Alex Van Weezel de la Cruz, en un artículo titulado “Lesiones y violencia intrafamiliar”, publicado en la Revista Chilena de Derecho, vol. 35, núm. 2, 2008, pp. 223-259 Pontificia Universidad Católica de Chile, que en el resumen dice:

El régimen de la violencia intrafamiliar en la Ley N° 20.066 expresa una parte del despliegue del concepto de familia en la sociedad actual. El trabajo examina la ley en su relación con la sistemática tradicional de los delitos de lesiones, siguiendo la hipótesis de que el estudio de las modificaciones sistemáticas que de ella se derivan permitirá ponderar luego con mayor precisión la transformación que la normativa ha introducido o pretende introducir en la comprensión social de las relaciones familiares. Se advertirá que las modificaciones sistemáticas –en primer lugar, el alcance de los deberes cualificados de solidaridad que emanan del contexto intrafamiliar definido en la ley– tienen consecuencias en materia de error y obligan a realizar precisiones importantes en el ámbito de la teoría de la intervención delictiva y de la punibilidad de las lesiones culpo- sas. Queda asimismo en evidencia el potencial expansivo del derecho penal que encierra la estrategia legislativa frente a la problemática de la violencia intrafamiliar.

El artículo completo, puedes leerlo en este link. 

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En derecho penal existen temas complejos, como el concurso aparente de leyes penales. Nos movemos entre conceptos como “subsidiariedad”, “consunción”, y otros por el estilo, intentanto comprender la solución final de casos, en los cuales la duda consiste en como aplicar la ley.

El Dr. Jean Pierre Matus, escribió hace unos años, en dos partes, un trabajo denominado “La teoría del concurso (aparente) de leyes, en la dogmática alemana, desde sus orígenes hasta el presente”. De su lectura, quedan muy claras las posibles soluciones.

La primera parte del trabajo, si haces click aquí.

La segunda parte del trabajo si haces click acá.

 

El delito de aborto

Nuestro país vive actualmente una encendida polémica en torno al aborto terapéutico. Como ocurre siempre, el debate se orienta por caminos que van muy lejos de la opinión académica, y desborda hacia la criminología mediática, arrasando con el principio de respuesta no contingente. 

En medio de toda la confusión, es bueno recordar el extraordinario artículo de la profesora Magdalena Ossandón Widow, titulado “La intención de dar muerte al feto y su relevancia para la imputación objetiva y subjetiva para el delito de aborto”, publicado en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte Sección: Estudios Año 18 – No 2, 2011 pp. 103-136.

El resumen dice:

Un aspecto más o menos controvertido en las figuras de aborto es el de la intención específica que se requiere para integrar la faz subjetiva de los tipos penales. En este trabajo se hace un análisis de los requisitos expresos exigidos en algunas figuras de aborto, esto es, que se actúe maliciosamente (art. 342 CP) y con abuso del oficio (art. 345 CP), en conjunto con lo que dispone la normativa extrapenal que puede tener incidencia en el punto, en particular, la regulación sanitaria respecto de un eventual aborto por razones terapéuticas. Se plantea, desde esta perspectiva, que esos tipos de aborto requieren que se actúe con la finalidad precisa de dar muerte del feto, excluyendo tanto el dolo eventual como el de consecuencias necesarias. En el contexto de la actividad médica, la conducta realizada con una finalidad terapéutica y que no tiene como objeto matar al feto, ni siquiera sobrepasa el marco del riesgo permitido.

Les dejo el link aquí.