El caso de Florence Cassez, la ciudadana francesa condenada en México a la pena de 98 años de prisión, que luego fueron rebajados a 60 y fue dejada en libertad vía amparo, es uno de los más emblemáticos en un país que avanza decididamente hacia el cambio de sistema penal, desde el inquisitivo al acusatorio. La mujer fue condenada por múltiples secuestros, supuestamente cometidos en el año 2005. Era la novia del líder de un grupo denominado “los zodíaco”, dedicados al negocio del plagio.
Su detención siempre fue discutida como ilegal. La defensa sostuvo que era inocente de los cargos y que supuestamente, se habían violado múltiples garantías, al punto que había sido privada de libertad, en un lugar diferente de aquel en que las fuerzas de orden señalaban. Desde un comienzo contó con el apoyo decidido del gobierno francés, que reclamaba a México su liberación, lo que ocurrió ayer. De inmediato se trasladó a Francia vía aérea, donde fue recibida por Laurent Fabius, Ministro de Relaciones Exteriores.
La acusada estuvo siete años privada de libertad, y en fallo dividido de tres contra dos, la Corte Suprema de México ordenó su inmediata libertad.
La sentencia completa puedes leerla aquí.
Algunos links para entender la historia, contada por la revista Gatopardo, en dos partes:
Como acertadamente plantea el profesor Carlos Kunsemuller, los delitos contra la vida son un verdadero “laboratorio” de la teoría del delito. El año 2003, la Universidad de Temuco publicó un libro de recopilación de destacados penalistas nacionales, entre los cuales se contaba el profesor Kunsemuller, con una ponencia denominada “Delitos contra la vida”.
El caso quedó al descubierto en Montevideo, luego que la Dirección del Crimen Organizado de la Policía, iniciara la “Operación Ángeles”, hace aproximadamente dos meses, luego del aviso de un conjunto de muertes sospechosas en la Mutualista Asociación Española y en el Hospital Maciel. 
El modelo actual de persecución penal pública, ha relegado a la víctima a un rol secundario, convirtiéndola en un medio de prueba. Esta posición ha sido objeto de numerosas críticas, por parte de quienes prefieren sistemas repartorios por sobre los represivos. Es un hecho que a las personas alejadas del derecho, a los afectados por delitos, e incluso a los alumnos, les cuesta entender que el Ministerio Público no representa a la víctima.